Gonzalo Vargas Otte: ¿Educación selectiva o inclusiva?

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Educación Técnico ProfesionalComo es habitual, en las últimas semanas la agenda noticiosa ha estado marcada por el proceso de admisión a la educación superior, generando, en esta oportunidad, un debate sobre las modificaciones que se han introducido al sistema, sus efectos reales y la forma de perfeccionar este mecanismo.

Para la admisión del año 2014, 230 mil personas rindieron la PSU y 95 mil fueron seleccionadas a través de este sistema. Sin embargo, manteniendo las cifras del proceso anterior, este año debieran matricularse en programas de educación superior alrededor de 340 mil estudiantes en total, incluyendo todas las universidades, los institutos profesionales (IP) y los centros de formación técnica (CFT).

En consecuencia, se tiende a ignorar la realidad del 72% de los estudiantes que deciden realizar estudios superiores y que lo hacen sin los procesos de selección que tanto debate generan. En su mayoría provienen de los estratos socioeconómicos menos aventajados y serán la primera generación con educación superior en sus hogares.

Muchos de ellos optan por la educación técnico-profesional. En este segmento, el problema no es el acceso a través de procesos de selección. Si bien corresponde a un sector que por definición es inclusivo y promueve la movilidad social, la ausencia de barreras de ingreso como la PSU o el ranking de notas no garantiza el éxito de quienes acceden, siendo el problema más relevante la deserción que se produce posteriormente.

En el abandono de las carreras intervienen variables económicas, académicas, personales, laborales y sociales, las cuales reciben escasa atención de las políticas públicas y de los tomadores de decisiones. Mientras el debate sobre financiamiento en las universidades tradicionales se centra en la diferencia entre aranceles de referencia y aranceles reales, que no son cubiertos por los instrumentos de ayuda estudiantil, en los CFT e IP las becas están muy por debajo de los aranceles de referencia. La asignación de beneficios perjudica a quienes, además de estudiar, deben trabajar para mantenerse. Tampoco existen mecanismos que faciliten los estudios a tiempo parcial o a través de programas semipresenciales o a distancia.

En Chile faltan instrumentos que permitan conocer las competencias académicas de entrada a la educación superior, que a su vez permitan a los estudiantes y a las instituciones nivelar, asegurar una progresión académica efectiva y disminuir los niveles de deserción. Ni las notas, ni la licenciatura de enseñanza media, ni el ranking, ni la PSU permiten identificar los conocimientos y habilidades reales que los futuros estudiantes traen. Estamos centrados en un sistema selectivo minoritario, mientras que el sistema mayoritario de acceso universal, que en lugar de segregar incluye a todos, queda invisible en el debate.

Es de esperar que la nueva agenda de educación superior considere instrumentos de evaluación de aprendizajes de carácter universal, no para seleccionar a unos pocos, sino que para facilitar la trayectoria de aprendizaje de todos. Se podría esperar que el Estado invirtiera en ello el tiempo y recursos por lo menos equivalentes a lo que actualmente se destina a la PSU y al ranking.

Gonzalo Vargas Otte Presidente Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados A.G.     Fuente: El Mercurio

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