Fiscalización detecta “alto riesgo” ante abusos y maltratos en 20% de los jardines infantiles

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Pese a incumplimiento, no se puede sancionar por este problema. Proyecto de ley permitiría incluso cerrar los casos más graves. Recintos no cuentan con planes para prevenir o enfrentar estos casos, y tampoco para trabajar con las familias.   Macarena Toro y Francisca Jara

jardinesEl martes 12 de marzo, dos pequeños del jardín Pintitas II de Puente Alto salieron a la calle sin que nadie lo notara. Tras caminar varias cuadras perdidos, el tío de uno de ellos los encontró y denunció la negligencia a las autoridades. El recinto tenía 0% de cumplimiento en protocolos de buen trato a los niños, pero además estaba funcionando sin patente. Pese a que fue clausurado, hoy esa casona es la guardería Pinta Puntos, y sigue recibiendo niños.

Pese a que Pintitas II ha sido el único cerrado este año, las fiscalizaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) detectaron que el 20% de los establecimientos de Chile presentan “condiciones de riesgo” para los niños ante maltrato y abusos. Tras visitar a más de 2.400 jardines, se concluyó que 491 -principalmente privados y en casi todas las comunas- tienen políticas insuficientes de Buen Trato y Familia.

No cuentan con protocolos o planes de prevención de agresiones o abusos. La mayoría tampoco tiene manuales de acción para enfrentar un caso de maltrato, y en general tienen bajo contacto o programas de integración con los padres. “Deberían clausurarse. Cuando un jardín no garantiza la seguridad de los niños, su bienestar, seguridad y desarrollo integral, ellos están en un riesgo, y esos jardines no debieran funcionar”, enfatiza Francisca Correa, vicepresidenta de la Junji.

¿Por qué están funcionando? Porque hoy el organismo solo puede fiscalizar, entregar recomendaciones y, si los recintos aceptan, intervenir para apoyar. No puede cerrar, ni siquiera multar. Sí pueden hacerlo las municipalidades, si el jardín no tiene la patente al día; la Dirección del Trabajo, si hay anomalías en los contratos, o la seremi de Salud, por incumplimientos sanitarios.

Ante problemas pedagógicos o riesgo de maltrato, ni siquiera la Superintendencia de Educación tiene atribuciones para actuar, pese a que la mitad de las denuncias que ha recibido sobre nivel preescolar son justamente por maltrato, discriminación o agresiones.

La solución momentánea

Ante el vacío que deja la ley al sistema preescolar, hoy las autoridades actúan en conjunto. En la Superintendencia explican que cuando llega una denuncia, la derivan a la Junji. Lo mismo ocurre por parte de apoderados, organizaciones o municipalidades.

En esta institución hay una Unidad de Buen Trato instalada en cada región. Cuando se alertan anomalías, un equipo parte a realizar una fiscalización de urgencia. Junto con hacer recomendaciones, evalúan todo el funcionamiento. Si el lugar incumple en infraestructura, higiene u otra categoría que sí pueden sancionar otros organismos, se les avisa para que actúen.

Paralelamente, se informa en www.junji.gob.cl el resultado de la fiscalización de cada jardín. “La actualización se hace una vez al mes, y eso ha influido en que los papás exijan más. Hay recintos que han tenido avances de 60 a 90% de cumplimiento, y eso es muy positivo”, comenta Francisca Correa.

El cambio definitivo

Pese a que Correa reconoce avances, plantea que aún el país está atrasado en políticas de buen trato, y por ello dice que es urgente que se apruebe el proyecto de ley que fija requisitos mínimos para que un jardín pueda funcionar.

La iniciativa, que está en discusión general en el Senado, obliga a todos los recintos a ser evaluados en administración, proyecto educativo, buen trato, higiene y seguridad para abrir. Los que ya funcionan tendrán tres años para adaptarse al sistema.

Si no se cumplen las condiciones, el Ministerio de Educación no le permitirá funcionar. Los que puedan funcionar serán supervisados por la Superintendencia de Educación, que no solo fiscalizará, sino que podrá aplicar sanciones que van desde amonestaciones verbales, al cierre, e incluso inhabilitación de por vida en el sistema preescolar a quienes cometan irregularidades graves.

 Los mejores hacen escuelas para padres y talleres a educadoras

Solo 38 jardines lograron 100% de cumplimiento en todas las áreas de fiscalización Junji. Mis Niños Felices y Luz de Anakena son parte de ellos y sus directoras coinciden en las prácticas clave. En el primero, Fernanda Allende cuenta que todos los funcionarios pasan por una serie de evaluaciones, incluida una entrevista sicológica. Si ingresan, una vez al mes tienen talleres y dos veces al año son evaluados por los apoderados y los niños.

Al menos una vez al semestre hacen escuelas para padres, guiándolos en “crianza basada en el respeto” y vida saludable, entre otras cosas. Tienen cursos para enseñar a prevenir abusos y abrirán un taller de teatro para abordar la temática.

“Lo más importante, el trabajo con los niños día a día, se realiza a través de cuentacuentos, obras de teatro, títeres, atelier de artes y de expresión (teatro), donde se hacen crecer herramientas expresivas básicas para que el niño respete su cuerpo y privacidad”, explica Fernanda.

“El manual de buen trato lo trabajamos hace tres años y se basa en un jardín de puertas abiertas. Los padres pueden entrar cuando quieran. Todas las ventanas, por ejemplo, tienen claridad y se hacen reuniones mensuales con la familia”, comenta Jessica Zárate, de Luz de Anakena, que también tiene talleres para padres y planes para fomentar la confianza en la comunidad.

Las otras áreas

Gestión organizacional: El 67% de los recintos cuenta con sus certificados de recepción de obra, sanitarios, patente, tiene personal con título reconocido por el Ministerio de Educación y suficiente según el nivel de atención.

Proceso educativo: El 32% de los jardines no cumple con mínimos en prácticas educativas, planificación del trabajo en la sala, y calidad de los materiales. Desde noviembre se abrió un proceso voluntario para que los recintos acrediten la calidad de su enseñanza.

Higiene y alimentación: Es el área con mayor cumplimiento. La constante fiscalización ha logrado que 71,6% cumpla en aspectos como orden e higiene de casinos, salas, baños y en la elaboración de las raciones. De todos modos, 16,1% de los establecimientos cae en “alto riesgo” en esta evaluación.

Seguridad e infraestructura: Casi 40% de los recintos incumple en infraestructura, salubridad, o no tiene planes de evacuación y emergencias.

    Fuente: El Mercurio

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